Los pensionistas se movilizan por sus derechos

Miles de pensionistas y jubilados de toda España han protestado esta semana, contra el recorte de las pensiones aprobada por el Gobierno del Partido Popular, que ha vulnerado el derecho a que las pensiones se revaloricen según el coste de la vida, un acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales y apoyado por todos los partidos políticos, en el marco del Pacto de Toledo.

Bajo el lema “Vamos a la calle! Contra el recorte de las pensiones, las organizaciones de jubilados y pensionistas de UGT y CCOO han impulsado encierros y concentraciones en distintas sedes provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social y en edificios enclave de la Tesorería General de la Seguridad Social. Las acciones reivindicativas comenzaron el martes en Madrid, La Rioja y Aragón; continuaron el miércoles en Castilla y León y el jueves, en Asturias, Andalucía y Valencia y concluyen hoy viernes en Murcia, Galicia y Bilbao.

Esta nueva agresión del Gobierno que merma el poder adquisitivo de los pensionistas, se une a otras medidas que apuntan en la misma dirección como son la subida de impuestos, el repago de medicamentos o los recortes en los servicios sociales, como las partidas de la dependencia.

Los partidos políticos (exceptuando al PP, que sustenta al Gobierno) han rechazado en el Parlamento el Real Decreto ley, que supone un nuevo castigo a los pensionistas y PSOE, CiU, PNV, UPyD, Izquierda Plural y BNG presentarán un recurso contra el mismo en el Tribunal Constitucional, tal y como han solicitado UGT y CCOO en las distintas reuniones que se han venido desarrollando esta semana con los distintos grupos parlamentarios.

El 17D: ¡Defiéndete!

Asimismo, los sindicatos solicitarán el lunes, 17 de diciembre, que la Defensora del Pueblo promueva un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, por cuanto vulnera determinados preceptos de la Constitución Española, como el artículo 9.3, que establece expresamente que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Ese mismo día, el 17 de diciembre, se celebra una gran jornada de movilización general, en toda España, convocada por la Cumbre Social, que integra a sindicatos y más de 150 organizaciones representativas de la sociedad civil, bajo el lema “Defiéndete. Vamos a la calle contra el recorte de las pensiones, contra las tasas judiciales, contra las privatizaciones, contra los expedientes de despido salvajes y contra la falta de protección al desempleo.

Las medidas que plantea la OCDE son erróneas y nocivas para la economía

El 7º Comité Confederal de UGT, máximo órgano entre Congresos, ha comenzado esta tarde en la sede de UGT, en Avda. de América, 25, en Madrid. Este Comité, que concluye el viernes, 30 de noviembre, está presidido por el Secretario General de UGT-Castilla y León, Agustín Prieto, por la vicepresidenta, Pilar Navarro, de la Federación de Servicios Públicos y por la secretaria de actas, Mercedes Martínez, de UGT Extremadura.

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha manifestado que este Comité va a analizar la situación política, económica y social, caracterizada por el agravamiento de la economía y el aumento del desempleo, algo que el próximo año irá a peor, según las previsiones de distintos organismos internacionales.

Ferrer ha calificado de “erróneas y completamente nocivas para la economía” la selección de medidas planteadas por el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, pues insisten en profundizar en políticas fracasadas que están llevando a nuestro país a la ruina. Frente a estas recomendaciones “que no manifiestan ningún tipo de sensibilidad ante el sufrimiento que está teniendo la sociedad española y los trabajadores de nuestro país”, UGT insistirá en defender una política cuyo eje central sea el empleo, la igualdad y la solidaridad.

El sindicato continuará exigiendo un cambio de rumbo en las políticas de recorte, tal y como expresó la ciudadanía, de manera contundente, en la huelga general del 14 de noviembre y en las multitudinarias manifestaciones que se desarrollaron en esa jornada. Ferrer ha aclarado que los sindicatos, a día de hoy, todavía no tienen respuesta a la carta enviada al Presidente del Gobierno exigiendo un cambio de sus políticas y ha vuelto a reiterar la necesidad de modificar el actual proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que ahondan en la regresión social.

Pensiones, SMI, IPREM y defensa de lo público

El Secretario de Acción Sindical de UGT ha recordado al Gobierno que debe cumplir la Ley General de Seguridad Social y revalorizar las pensiones conforme al IPC de noviembre. Para ello, no debe utilizar el Fondo de Reserva, sino que es preciso regularizar la deuda que tienen las Administraciones Públicas con la Seguridad Social. También ha defendido el Acuerdo de pensiones, suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales, en febrero de 2011 y que entra en vigor el 1 de enero de 2013 y ha remarcado que “no hay ningún motivo para restringir la jubilación parcial o la anticipada”.

Otras líneas de acción que impulsará el Comité Confederal de UGT son: intensificar el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (todavía hay 4.000 convenios colectivos no actualizados que afectan a 6.800.000 trabajadores); y defender a los sectores de la sociedad más desprotegidos. En este sentido, UGT planteará una mejora del Salario Mínimo Interprofesional, del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y la defensa de la sanidad, la educación y los servicios públicos, entre otros

UGT considera que la ley contra los desahucios no soluciona el problema real de las familias

UGT considera que el Real Decreto-ley que regula los desahucios, convalidado hoy en el Congreso, no aborda el problema real que tienen las familias en nuestro país, porque no paraliza las ejecuciones hipotecarias y por tanto tampoco la pérdida de la viviendas, sino que sólo la demora, en muy pocos casos, dos años. Para la mayoría de los deudores ni siquiera será posible esta demora, ya que es necesario estar en una situación de exclusión social, por lo que lo único que garantiza es que todos los deudores llegarán a la exclusión social, unos porque ya los están y otros porque no se les atenderá hasta que lo estén.

El sindicato considera que la regulación de esta norma es inadecuada, al partir de la premisa de legislar para los ciudadanos que ya están en exclusión social en vez de tratar de evitar estas situaciones. En este sentido, va a excluir a gran cantidad de deudores que ya están en riesgo de desahucio, que perderán su vivienda al continuar las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos. Además, al mantener la normativa actual, la vivienda no será suficiente para saldar las hipotecas, por lo que quedarán en la calle y con deudas con las entidades financieras.

UGT señala que el Gobierno tampoco ha tenido en cuenta el cambio que se ha producido en la unidad familiar debido a la crisis económica de nuestro país, en las que se han ido incorporando nietos y abuelos. Estos últimos, en muchos casos, están manteniendo con su pensión al resto de la familia. La extensa batería de requisitos que incluye esta norma para beneficiarse de la moratoria en los lanzamientos parece olvidar que la causa prácticamente única del impago de las hipotecas es la pérdida de empleo, por lo que debería ser éste el criterio necesario y suficiente para poderse beneficiar de las mismas.

El resto de requisitos además de ser arbitrarios, muchos de ellos son discriminatorias al excluir a los hijos mayores de 3 años, a los autónomos y a los avalistas.

Estas y otras consideraciones están recogidas en un documento de propuestas y valoraciones a este Real Decreto ley que UGT ha trasladado tanto al PSOE como al grupo parlamentario de Izquierda Plural, con los que ha mantenido sendas reuniones, conjuntamente con CCOO, a petición de estos grupos políticos durante esta semana. En las mismas han participado los Secretarios de Política Institucional y de Política Social de UGT, Frederic Monell y Carmen López.

Tras estas reuniones, Carmen López ha señalado que la regulación del Fondo Social de Viviendas contenidas en el Real Decreto Ley “se reduce a una simple declaración de intenciones, por lo que exigimos que se destinen viviendas del Sareb o parte de los activos inmobiliarios de los bancos rescatados a vivienda en alquiler con rentas sociales”, ya que la obligación del Estado es garantizar la rentabilidad social a las aportaciones económicas que realice.

En este sentido, ha demandado al Gobierno a “sentarse a negociar con los sindicatos la reestructuración en profundidad de este Real Decreto Ley, porque es necesario ampliar el número de beneficiarios, desarrollar más el Fondo Social de viviendas y modificar la normativa actual hipotecaria para evitar el incremento de ciudadanos en exclusión social, así como para solventar el problema de indefensión jurídica en la que se encuentran los deudores”. Si se mantiene esta norma tal como se ha aprobado hoy no servirá para nada, tal y como ha pasado con el Código de Buenas Prácticas aprobado a principio de año, prorrogando el drama social de muchísimos ciudadanos