«Nunca dijimos que hubiera un final», esgrimía Conrado Hernández, secretario general de UGT. «Esto es una lucha que continúa. Porque empezaron con la reforma laboral y han llegado a la congelación de pensiones». Ese podía ser el resumen de la protesta que centenares de personas han llevado a cabo este lunes por las calles de Valencia. Porque tras el lema de «defender el Estado del Bienestar» se escondían las quejas contra el «repago» de medicamentos, los recortes a la dependencia, la rebaja de pensiones, las tasas judiciales, la privatización de servicios públicos y la falta de protección del desempleo.
«Vamos a ser la primera generación que dona una situación peor a la que heredamos nosotros, que éramos hijos de la posguerra», decía el funcionario T. M. entre una marcha convocada por los sindicatos mayoritario y que ha recorrido el centro de la ciudad, desde la plaza de San Agustín hasta la plaza de América. «Rajoy el mentiroso» o «Pagad lo que debéis» eran algunas de las pancartas que portaban los asistentes, entre los que se encontraban trabajadores de RTTV o FGV.
«Han sacado hasta 30 decretos ley en un año», leyeron los portavoces al terminar el acto, «y así se acaba con el diálogo social». «No han respetado nada: salarios, inmigración, educación, sanidad…», han añadido. «Porque no ha habido un gobierno que lo haya hecho tan mal en tan solo un año», remataron, «y que ni siquiera se plantea hacer un referéndum».
Miles de pensionistas y jubilados de toda España han protestado esta semana, contra el recorte de las pensiones aprobada por el Gobierno del Partido Popular, que ha vulnerado el derecho a que las pensiones se revaloricen según el coste de la vida, un acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales y apoyado por todos los partidos políticos, en el marco del Pacto de Toledo.
Bajo el lema “Vamos a la calle! Contra el recorte de las pensiones, las organizaciones de jubilados y pensionistas de UGT y CCOO han impulsado encierros y concentraciones en distintas sedes provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social y en edificios enclave de la Tesorería General de la Seguridad Social. Las acciones reivindicativas comenzaron el martes en Madrid, La Rioja y Aragón; continuaron el miércoles en Castilla y León y el jueves, en Asturias, Andalucía y Valencia y concluyen hoy viernes en Murcia, Galicia y Bilbao.
Esta nueva agresión del Gobierno que merma el poder adquisitivo de los pensionistas, se une a otras medidas que apuntan en la misma dirección como son la subida de impuestos, el repago de medicamentos o los recortes en los servicios sociales, como las partidas de la dependencia.
Los partidos políticos (exceptuando al PP, que sustenta al Gobierno) han rechazado en el Parlamento el Real Decreto ley, que supone un nuevo castigo a los pensionistas y PSOE, CiU, PNV, UPyD, Izquierda Plural y BNG presentarán un recurso contra el mismo en el Tribunal Constitucional, tal y como han solicitado UGT y CCOO en las distintas reuniones que se han venido desarrollando esta semana con los distintos grupos parlamentarios.
El 17D: ¡Defiéndete!
Asimismo, los sindicatos solicitarán el lunes, 17 de diciembre, que la Defensora del Pueblo promueva un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, por cuanto vulnera determinados preceptos de la Constitución Española, como el artículo 9.3, que establece expresamente que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
Ese mismo día, el 17 de diciembre, se celebra una gran jornada de movilización general, en toda España, convocada por la Cumbre Social, que integra a sindicatos y más de 150 organizaciones representativas de la sociedad civil, bajo el lema “Defiéndete. Vamos a la calle contra el recorte de las pensiones, contra las tasas judiciales, contra las privatizaciones, contra los expedientes de despido salvajes y contra la falta de protección al desempleo.
Los trabajadores europeos volverán a plantar cara en la calle, y de manera conjunta, a las políticas de austeridad que imponen las instituciones internacionales. El Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha acordado la convocatoria de otra gran movilización sindical europea a mediados de marzo, coincidiendo con la cumbre de primavera del Consejo. El objetivo de esta jornada sería revalidar las movilizaciones celebradas en distintos países de la UE el pasado 14 de noviembre, cuando hubo huelgas generales en cuatro países y manifestaciones en otros 24. Para esta convocatoria pretenden, además, recabar el apoyo de organizaciones sociales y no gubernamentales europeas
La CES, reunida en Bruselas los días 5 y 6 de diciembre en Bruselas y presidida por el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha valorado el 14-N como una jornada «histórica», tanto por la «amplitud» de las protestas, como por su «impacto» mediático. «No existen precedentes históricos de una […]
El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) ha convocado a IBERIA (IBLA.MC)y a los sindicatos convocantes de la huelga a una reunión de mediación el próximo lunes, informa la aerolínea.
Iberia explica, tras fracasar este viernes en su intento por parar las movilizaciones, que acudirá a ese encuentro con el objetivo de intentar la desconvocatoria de una huelga que considera innecesaria y desproporcionada, teniendo en cuenta que ha mostrado su disposición de negociar el Plan de Transformación.
Los sindicatos UGT, CCOO, USO, Asetma y Sicpla han convocado seis días de huelga (cinco de ellos consecutivos), entre el 14 y el 21 de diciembre.
Iberia denuncia que los paros son en uno de los periodos donde más viajes familiares se producen, lo que agrava la situación de la empresa y perjudica especialmente a los clientes, sin que los trabajadores de la compañía obtengan ningún beneficio.
A este respecto, indica que en esas fechas se dificulta el acople de los clientes afectados en vuelos alternativos, pese a lo cual asegura que pondrá todos los medios a su alcance para ofrecerles soluciones.
Haremos todos los esfuerzos que sean necesarios para mitigar el daño que estas huelgas puedan producir a nuestros clientes y todos nuestros empleados que no la secunden se volcarán en ofrecer la mejor atención y servicio posible, afirma el consejero delegado, Rafael Sánchez-Lozano.
La huelga no es una respuesta cuando hay un plan encima de la mesa cuyos aspectos laborales la compañía ha manifestado la intención de negociar. Además del daño que estas huelgas hacen a los clientes, agravan la actual situación de la compañía, que ya acumula pérdidas de 262 millones de euros hasta septiembre, concluye.
El 7º Comité Confederal de UGT, máximo órgano entre Congresos, ha comenzado esta tarde en la sede de UGT, en Avda. de América, 25, en Madrid. Este Comité, que concluye el viernes, 30 de noviembre, está presidido por el Secretario General de UGT-Castilla y León, Agustín Prieto, por la vicepresidenta, Pilar Navarro, de la Federación de Servicios Públicos y por la secretaria de actas, Mercedes Martínez, de UGT Extremadura.
El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha manifestado que este Comité va a analizar la situación política, económica y social, caracterizada por el agravamiento de la economía y el aumento del desempleo, algo que el próximo año irá a peor, según las previsiones de distintos organismos internacionales.
Ferrer ha calificado de “erróneas y completamente nocivas para la economía” la selección de medidas planteadas por el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, pues insisten en profundizar en políticas fracasadas que están llevando a nuestro país a la ruina. Frente a estas recomendaciones “que no manifiestan ningún tipo de sensibilidad ante el sufrimiento que está teniendo la sociedad española y los trabajadores de nuestro país”, UGT insistirá en defender una política cuyo eje central sea el empleo, la igualdad y la solidaridad.
El sindicato continuará exigiendo un cambio de rumbo en las políticas de recorte, tal y como expresó la ciudadanía, de manera contundente, en la huelga general del 14 de noviembre y en las multitudinarias manifestaciones que se desarrollaron en esa jornada. Ferrer ha aclarado que los sindicatos, a día de hoy, todavía no tienen respuesta a la carta enviada al Presidente del Gobierno exigiendo un cambio de sus políticas y ha vuelto a reiterar la necesidad de modificar el actual proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que ahondan en la regresión social.
Pensiones, SMI, IPREM y defensa de lo público
El Secretario de Acción Sindical de UGT ha recordado al Gobierno que debe cumplir la Ley General de Seguridad Social y revalorizar las pensiones conforme al IPC de noviembre. Para ello, no debe utilizar el Fondo de Reserva, sino que es preciso regularizar la deuda que tienen las Administraciones Públicas con la Seguridad Social. También ha defendido el Acuerdo de pensiones, suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales, en febrero de 2011 y que entra en vigor el 1 de enero de 2013 y ha remarcado que “no hay ningún motivo para restringir la jubilación parcial o la anticipada”.
Otras líneas de acción que impulsará el Comité Confederal de UGT son: intensificar el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (todavía hay 4.000 convenios colectivos no actualizados que afectan a 6.800.000 trabajadores); y defender a los sectores de la sociedad más desprotegidos. En este sentido, UGT planteará una mejora del Salario Mínimo Interprofesional, del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y la defensa de la sanidad, la educación y los servicios públicos, entre otros
UGT considera que el Real Decreto-ley que regula los desahucios, convalidado hoy en el Congreso, no aborda el problema real que tienen las familias en nuestro país, porque no paraliza las ejecuciones hipotecarias y por tanto tampoco la pérdida de la viviendas, sino que sólo la demora, en muy pocos casos, dos años. Para la mayoría de los deudores ni siquiera será posible esta demora, ya que es necesario estar en una situación de exclusión social, por lo que lo único que garantiza es que todos los deudores llegarán a la exclusión social, unos porque ya los están y otros porque no se les atenderá hasta que lo estén.
El sindicato considera que la regulación de esta norma es inadecuada, al partir de la premisa de legislar para los ciudadanos que ya están en exclusión social en vez de tratar de evitar estas situaciones. En este sentido, va a excluir a gran cantidad de deudores que ya están en riesgo de desahucio, que perderán su vivienda al continuar las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos. Además, al mantener la normativa actual, la vivienda no será suficiente para saldar las hipotecas, por lo que quedarán en la calle y con deudas con las entidades financieras.
UGT señala que el Gobierno tampoco ha tenido en cuenta el cambio que se ha producido en la unidad familiar debido a la crisis económica de nuestro país, en las que se han ido incorporando nietos y abuelos. Estos últimos, en muchos casos, están manteniendo con su pensión al resto de la familia. La extensa batería de requisitos que incluye esta norma para beneficiarse de la moratoria en los lanzamientos parece olvidar que la causa prácticamente única del impago de las hipotecas es la pérdida de empleo, por lo que debería ser éste el criterio necesario y suficiente para poderse beneficiar de las mismas.
El resto de requisitos además de ser arbitrarios, muchos de ellos son discriminatorias al excluir a los hijos mayores de 3 años, a los autónomos y a los avalistas.
Estas y otras consideraciones están recogidas en un documento de propuestas y valoraciones a este Real Decretoley que UGT ha trasladado tanto al PSOE como al grupo parlamentario de Izquierda Plural, con los que ha mantenido sendas reuniones, conjuntamente con CCOO, a petición de estos grupos políticos durante esta semana. En las mismas han participado los Secretarios de Política Institucional y de Política Social de UGT, Frederic Monell y Carmen López.
Tras estas reuniones, Carmen López ha señalado que la regulación del Fondo Social de Viviendas contenidas en el Real Decreto Ley “se reduce a una simple declaración de intenciones, por lo que exigimos que se destinen viviendas del Sareb o parte de los activos inmobiliarios de los bancos rescatados a vivienda en alquiler con rentas sociales”, ya que la obligación del Estado es garantizar la rentabilidad social a las aportaciones económicas que realice.
En este sentido, ha demandado al Gobierno a “sentarse a negociar con los sindicatos la reestructuración en profundidad de este Real Decreto Ley, porque es necesario ampliar el número de beneficiarios, desarrollar más el Fondo Social de viviendas y modificar la normativa actual hipotecaria para evitar el incremento de ciudadanos en exclusión social, así como parasolventar el problema de indefensión jurídica en la que se encuentran los deudores”. Si se mantiene esta norma tal como se ha aprobado hoy no servirá para nada, tal y como ha pasado con el Código de Buenas Prácticas aprobado a principio de año, prorrogando el drama social de muchísimos ciudadanos
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha considerado hoy una noticia «muy mala» que el Gobierno haya decidido no compensar las pensiones este año por la desviación del IPC y ha explicado que van a estudiar con CCOO y la plataforma social si se movilizan contra esa medida.
En la rueda de prensa para presentar las conclusiones para presentar la resolución del VII Comité Confederal de UGT, Méndez ha advertido que esta decisión agrava la situación de los pensionistas.
Méndez ha explicado que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, le ha informado de la decisión por teléfono, así como de que el Gobierno cambia la ley del Fondo de Reserva para poderlo utilizar este año por segunda vez para el pago de las pensiones.
Ha indicado que el Comité Confederal ha decidido, en su análisis de la crisis, apoyar todas las movilizaciones sectoriales o de cualquier tipo que expresen el rechazo a las políticas del Gobierno. Esto implica, con carácter general, «mantener la movilización sostenida en el tiempo para expresar de formar permanente nuestro rechazo a estas políticas», ha añadido.
El secretario general de UGT ha recordado que, la no revalorización de las pensiones por el IPC, es la segunda medida dura que adopta este año el Ejecutivo contra los pensionistas. La primera ha sido el «repago» de las medicinas, ha precisado Méndez. También ha indicado que el no compensar a los pensionistas se hace sobre prestaciones «muy modestas» en la mayoría de los casos.
En este sentido, ha destacado que de esos pensionistas dependen en la actualidad bastantes familiares, ya que, por la crisis, la única fuente ingresos es la pensión del abuelo o la abuela.
Cándido Méndez también ha considerado muy preocupante que el Gobierno haya tardado tanto tiempo en decidirse sobre la revalorización y ha denunciado la «incertidumbre» en la que ha mantenido en los últimos meses a los casi nueve millones de pensionistas que hay. En su opinión, este comportamiento «no es democrático», como tampoco lo fue el que se retrasara la presentación de los presupuestos por las elecciones gallegas y del País Vasco.
«Profundamente injusta»
Por su parte, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha calificado hoy de «profundamente injusta» la no revalorización de las pensiones y ha advertido de que esta medidaademás de ineficaz, profundizará la recesión y acelerará el que se llegue a los seis millones de parados.
En rueda de prensa para valorar la medida del Gobierno, Toxo ha dicho que con esta medida se restan del consumo unos 3.500 millones de euros, lo que provocará una mayor destrucción de empleo. En su opinión, sí que hay otras alternativas, porque supone un ataque injusto al colectivo más vulnerable de la sociedad, el de los jubilados.
Según Toxo, el Gobierno debe presentar otras medidas para minorar el sufrimiento al que está sometiendo a la población, cuando hay dinero para otras cosas, en referencia al rescate de la banca
El secretario general de CCOO ha explicado que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, le ha comunicado la decisión de no revalorizarlas cuarenta y cinco minutos antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, por lo que ha descartado que a eso se le pueda llamar negociación.
Los sindicatos con representación en Bridgestone mantienen contactos con el fin de consensuar acciones de rechazo al ERE planteado por la multinacional de neumáticos para despedir a 442 trabajadores de sus plantas en España, de ellos más de 200 en el País Vasco.
El presidente del comité de la planta de Basauri, Manuel Oliva (UGT), ha mostrado, en declaraciones a Efe, su «total rechazo» a los despidos planteados, tras celebrarse en la planta de Basauri (Bizkaia) la primera reunión entre dirección y sindicatos para tratar sobre el Expediente de Regulación de Empleo -ERE- presentado.
El sindicalista ha apostado por la unidad sindical entre las centrales con representación en la empresa -el comité intercentros está integrado por UGT, CCOO, USO, ELA y BUB- para concretar posibles acciones de respuesta a llevar a cabo.
El sindicato ELA, por su parte, ha planteado al resto de centrales la posibilidad de convocar varias jornadas de huelga -los próximos 21, 22, 27, 28 y 29 de noviembre y los días 4, 5 y 6 de diciembre-, según han avanzado a Efe fuentes de la central nacionalista.
El ERE presentado por la multinacional Bridgestone, que recientemente ha anunciado unos beneficios de unos 1.137 millones de euros en los nueve primeros meses del año -un 41 % mas que un año antes-, afectará a 184 trabajadores de la planta de Basauri y otros 32 de la de Usánsolo, en el municipio de Galdakao, junto a otros 117 en Puente San Miguel (Cantabria) y 109 en Burgos.
En el transcurso de la primera reunión mantenida con la representación sindical para tratar sobre el expediente, la dirección ha defendido la necesidad de adoptar esta medida, según ha señalado el presidente del comité de empresa.
El representante sindical ha expresado su rechazo a los despidos, pero ha evidenciado que la legislación laboral «lo ha puesto muy complicado» para la parte social.
Fuentes de ELA, por su parte, han considerado «un atropello» que la empresa plantee una extinción de contratos mientras obtiene beneficios.
En la reunión con la dirección, el sindicato nacionalista ha solicitado una ampliación de la documentación entregada a la parte sindical al considerar que en la aportada existen «contradicciones» y se argumenta la necesidad de proceder a los despidos en base a un informe «parcial».
Las fuentes de ELA han apostado por que la asamblea general de trabajadores en Bridgestone decida las acciones de respuesta a adoptar y han abogado por la convocatoria de varias jornadas de huelga frente a la propuesta de otros sindicatos, según han indicado, más favorables a protestas de menor dimensión como paros parciales.
Está previsto que la dirección de Bridgestone y los sindicatos continúen con la negociación el próximo día 15, esta vez en Burgos.
En opinión de ELA, la dirección no quiere que las conversaciones se desarrollen en la planta «con mayor actividad sindical», en referencia a la concentración que han protagonizado hoy unos 300 trabajadores de Bridgestone a las puertas del centro de Basauri, donde hoy se ha celebrado la reunión entre las partes.
Se trata de la segunda concentración contra el ERE desarrollada en esta planta contra el expediente por los propios trabajadores, que han previsto organizar protestas similares durante la celebración de todas las reuniones del comité de empresa.
Los concentrados han pedido a los sindicatos que convoquen asambleas generales para trasladar sus decisiones a los obreros.
La madrugada del pasado 14 de noviembre, durante la huelga general, la Policía cargó duramente contra un piquete informativo en Granada a las puertas de la fábrica Dhul. Durante la carga, los agentesdetuvieron a dos estudiantes, de los cuales uno de ellos, Alborán Martínez, fue acusado de atentado a la autoridad y enviado a prisión doce días de forma provisional, de los cuales ha cumplido cinco.
Desde entonces, sindicatos, partidos y colectivos sociales de Granada se están movilizando para apoyar a Alborán, ya que consideran que la acción policial fue «brutal» y «desproporcionada».
En un comunicado conjunto, un abanico amplio de formaciones que incluye desde el PSOE hasta Izquierda Anticapitalista, pasando por UGT, el SAT o asambleas del 15-M, han denunciado que la detención de los dos estudiantes fue «arbitraria» e «injustificada», y que la «prisión preventiva» a Albrorán es un acto «represivo, intimidatorio e injusto».
Además, señalan en el texto, la Policía actuó de forma «violenta y desafiante, increpando y golpeando indiscriminadamente a los y las integrantes del piquete informativo, en muchos casos por encima de la cintura y sin guantes».
«Es inadmisible e intolerable que un estudiante haya sido encarcelado de forma preventiva por haber ejercido su libre derecho a participar en una jornada de huelga general en un piquete informativo», afirman en el comunicado. Según los sindicatos mayoritarios, no hay constancia de ningún otro caso de prisión preventiva en la pasada jornada de huelga general.
Fuentes de la Policía han asegurado a Público que Alborán fue autor de varios insultos y propinóuna patada en los testículos a un agente. «El juez ordenó el ingreso en prisión provisional, por lo que algún elemento de juicio debe de haber para tomar esa decisión», defienden.
Sin embargo, según ha indicado también a este diario el abogado del estudiante, Laureano Sánchez, los cargos contra él resultan «poco creíbles», ya que tiene una prótesis en la rodilla derecha, la misma con la que —aseguran los agentes— golpeó a uno de ellos. Además, reseña otra de las «incongruencias» de la acusación policial: «La descripción del joven que se hace en el auto no es correcta, ya que no coincide la indumentaria señalada con la suya», asegura.
Para Sánchez, los cargos contra Alborán se han inflado, y más aún las medidas tomadas contra él. «El encarcelamiento es demasiado, sorprendente y escandaloso; en Granada hubo varios detenidos y en ningún momento se les metió en prisión, salvo a él», lamenta, y opina que el juez ha querido «dar un escarmiento basado únicamente en el testimonio policial».
El juez ha justificado el ingreso en prisión provisional en base auna posible reincidencia, lo cual es un «sinsentido» para Sánchez, «ya que la huelga ha terminado». «Creo que todo esto ha sido un error policial que luego se ha intentado arreglar de este modo, ya que la policía no tenía que haber intervenido, no había justificación», concluye.
«No hubo agresión verbal ni física»
Los participantes en el piquete coinciden en que la actuación policial fue injustificada y desproporcionada. Pedro Javier Redondo, coordinador general de la Federación Agroalimentaria de Granada de CCOO, de la que forma parte el comité de empresa de Dhul, estuvo también presente en el piquete.
«La carga fue innecesaria, estábamos convocados por el comité como piquete informativo y estaban pactados los servicios mínimos», ha explicado a Público. «Se ve perfectamente en muchos de los vídeos que circulan por la red: no hubo ninguna agresión por parte de los piquetes, pero la policía estaba muy nerviosa», ha añadido.
Redondo considera que los agentes antidisturbios «se pasaron veintitrés pueblos» con las cargas y que el auto policial es un «disparate». «Que el chaval esté en prisión preventiva implica que estamos retrocediendo cuarenta años, ya que ni hay peligro de que se vaya del país ni de nada por el estilo, es una locura», ha lamentado.
CCOO es uno de los sindicatos que han firmado el comunicado de apoyo a Alborán, y se han puesto a disposición de la coordinadora de estudiantes para «todo en lo que vayan requiriendo». «Estuvimos el pasado jueves con más organizaciones en la facultad de filosofía y letras, los apoyamos completamente y lo diremos donde haya que decirlo», ha defendido.
Francisco Javier Hidalgo, portavoz de la Coordinadora Sindical Estudiantil (CSE), coincide con Redondo y asegura que la Policía tuvo en todo momento una «actitud tensa», pero cree que las detenciones estuvieron motivadas por una «orden desde arriba».
«Yo estaba en primera línea calmando los ánimos, la contención estaba funcionando, hicimos un cordón humano para que no pasara nada, pero ellos comenzaron a cargar», relata. «En ningún momento hubo agresión verbal ni física».
Hidalgo es de la opinión de que esta actuación sigue una»lógica represiva» con la que se pretende «amedrentar al movimiento estudiantil, a los movimientos sociales y sindicales». En estos momentos, explica, hay en marcha un proceso de apoyo colectivo a Alborán.
«Los estudiantes están recogiendo firmas, los profesores de la Universidad de Granada han realizado un escrito que están firmando gran parte de ellos, y estamos celebrando concentraciones y manifestaciones para exigir la libertad de nuestro compañero», explica.
Diario Sindical 